El pasado 8 de febrero solicitamos en el Consejo de Gobierno la documentación referida
al procedimiento de verificación de los requisitos exigibles al PDI del Centro Universitario
de la Defensa, tal y como establece la Disposición Adicional 5 de la LOSU, que los
equipara al resto del profesorado.
La norma entró en vigor el 23 de abril y ha llegado el momento de intervenir porque no
hemos recibido respuesta alguna. En cambio, en el informe del Rector aparece una
referencia, p. 49, a la auditoría interna de este Centro. No entendemos, pues, el silencio
ante nuestra petición.
A lo largo de los años ya manifestamos desde la candidatura La Algara diferencias de
criterio pues se ha estado tejiendo un traje a medida a una institución que podría entrar
en conflicto con nuestros estatutos.
Algunas de las preocupaciones de entonces fueron la opacidad informativa (el primer
convenio de adscripción es innaccesible), los discutibles requisitos de selección del PDI
en 2010 (un tercio de la puntuación se debía a la entrevista personal, perfiles con 15 años
de docencia y de investigación recibieron menor valoración que otras personas con
escasa experiencia) o la imposibilidad del PTGAS de negarse a colaborar con proyectos
del Centro si se considera incumplido uno de los fines de esta universidad, cual es el de
fomentar “un marco de pensamiento en el que los derechos humanos, la solidaridad entre
generaciones, el desarrollo sostenible y la paz sean objeto de investigación, formación y
difusión en todos sus ámbitos.” o vulnerado el artículo 130.8 (“La Universidad velará para
que sus invenciones y contratos de investigación se utilicen para fomentar la paz y el
desarme y para contribuir a la desaparición de las desigualdades sociales y económicas
entre las personas y entre los pueblos.”).
Las disfunciones prosiguieron en 2019, año de modificación del convenio para sustituir al
director por personal militar, situación que se mantiene en la actualidad. Una de las
razones, según fuentes del Ejército de Tierra, fue que mantenía “una actitud contraria a la
formación militar”. Otra aportaba que el 10% de alumnos de primero que no
promocionaban era un fracaso ya que no salían la cifra de tenientes que necesitaban. No
parecen argumentos demasiado universitarios en un grado costeado al 100% por los
presupuestos generales del estado.
Tampoco hubo mención alguna al “extraño” caso de contratación como profesor-secretario
entre marzo y septiembre de 2022 (resolución 431/03803/22), de un coronel denunciado
por acoso, hechos que quedaron probados en un tribunal militar.
El modelo de selección del PDI ha cambiado a mejor, sin duda, aunque no acabamos de
ver qué aportan a la vida universitaria 15 puntos de la prueba oral por demostrar el
“Compromiso con los fines del CUD-AGM” ni cómo se sustancian objetivamente.
¿Estos “tropiezos” se solventarán con la culminación de la auditoría y con mayor agilidad
de aportación de la documentación en el Consejo de Gobierno? ¿Se seguirá teniendo en
cuenta la peculiar naturaleza de este Centro? ¿Se exigirá a su plantilla los mismos
requisitos que al resto, tal y como establece la LOSU?
El corte y confección culmina el curso que viene con la sustitución del grado en Ingeniería
y Organización Industrial por el de Estudios para la Defensa y Seguridad. ¿Seguirán
reduciendo ambos conceptos a la estrecha mira del objetivo militar cuando abarcan
muchos más campos como la educación, el medio ambiente, la salud, la vivienda …? Si no recuerdo mal el informe del Rector del año pasado hablaba de “Grado de Oficial del
Ejército de Tierra”. ¿Otro camuflaje?
El Rector argumentará la integración del profesorado en la estructura departamental y su
fructífera colaboración en proyectos de investigación de carácter civil así como la doble
dependencia del Centro, de esta universidad y del Ministerio de Defensa. Traerá, como no
puede ser menos, la necesidad de respetar la legislación vigente. No obstante, el actuar
queda alejado del rigor cuando hemos ofrecido un Máster Universitario en Dirección y
Gestión de Adquisiciones de Sistemas para la Defensa sobre el tipo de contratación más
opaco, más financiado con capital público antes de la entrega real del producto, más falto
de competencia real y más despilfarrador de recursos, necesarios en otros campos.
O cuando ni siquiera se observan en la lejanía el derecho internacional y los derechos
humanos en un trabajo de fin de grado de 2015 sobre la idoneidad de adquirir misiles
israelíes Spike para el ejército español. Armas brutalmente probadas en todas las
agresiones de los siglos XX y XXI (2000, 2008-2009, 2012, 2014, 2023) contra la
población civil palestina en venganza por las acciones palestinas no violentas y por las
atrocidades de grupos armados como Hamás.
¿Podemos tener garantías de respeto del espíritu y de la letra de los artículos 3.i)
(“Fines”), 4.i) (“Instrumentos de actuación” de la Universidad de Zaragoza?) y 130.8
(“Sección 3ª. De los cauces y resultados de la investigación”)? ¿Seguirá quedando
indefenso el PTGAS en la posible elección entre legalidad y conciencia? Vale.
José Ramón López Goni